Este post es gracias a David González Calleja, autor del mismo.
Leo que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) ha firmado un convenio para «implantar la normativa sobre la Ley de Protección de Datos en la totalidad de las corporaciones locales de Castilla-La Mancha». Además podrán beneficiarse del convenio también «los proveedores de las administraciones locales de la región también podrán verse beneficiados, ya que la práctica totalidad de los mismos podrán adaptarse también a la LOPD sin coste para sus empresas, al ser dicha actuación subvencionable a través de la Fundación Tripartita».
Se está diciendo claramente que los créditos formativos para los trabajadores se utilizarán para la prestación de servicios de adecuación a la normativa sobre protección de datos. Tal y como ha advertido en dos ocasiones la Fundación Tripartita (en 2010 y 2012), el crédito «está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores», con lo que utilizarlo para otras cosas «puede llegar a ser constitutivo de fraude». Además «las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal han dado lugar, en ocasiones, a la imposición de sanciones a las empresas ofertantes de los citados servicios de protección de datos de carácter personal, así como a la devolución de las bonificaciones practicadas en materia de formación en el empleo por parte de las empresas. Sin perjuicio de ello, podrá darse traslado de los hechos constatados y de las evidencias obtenidas tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como a los órganos administrativos pertinentes en materia de Defensa de la Competencia».
El caso es especialmente sangrante, puesto que según cuenta la noticia se bonificará a las entidades «si estas participan en el proceso de forma activa mediante la comunicación a sus proveedores de la necesidad de cumplir la LOPD». Es decir, no sólo se colabora en la utilización ilícita de fondos de formación para los trabajadores, sino que la propia administración tiene la desfachatez de actuar como comercial de una entidad privada que realiza estas actuaciones.
Así, mientras un gran número de profesionales del sector nos dedicamos a prestar servicios de calidad a nuestros clientes, con el objeto de cumplir correctamente con la Ley y ayudar a las empresas, una administración pública se dedica a firmar convenios para detraer fondos del derecho que tienen los trabajadores a su formación, puesto que se utilizarán créditos para pagar servicios que no son formativos. Enhorabuena a la FEMP-CLM por esta ejemplar actuación.
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