Las tasas judiciales: ¿se cobran porque se está prestando un servicio?


Hoy quiero aparcar los temas relacionados con el Derecho de las Nuevas Tecnologías y deseo compartir una reflexión que me ha surgido leyendo (con pena) la polémica (y esperemos que inconstitucional) Ley de Tasas Judiciales (cuyo nombre “oficial” es la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Las tasas judiciales ¿se cobran porque se está prestado un servicio?

Una tasa, para la legislación tributaria, es un tributo, junto con los impuestos y las contribuciones especiales, según el artículo 2.2.a de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A nivel estatal, para la creación de la tasa, como todo tributo, es necesario una Ley según el artículo 4 de la Ley 58/2003. Este requisito ya se cumple con la publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Pero quiero llamar la atención en el artículo mostrado anteriormente, sobre la clasificación de los tributos, que, además nos ofrece el concepto de tasa:

Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Esta misma definición se puede encontrar en el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. En definitiva, el hecho imponible de una tasa será:

  • La utilización privativa o aprovechamiento del dominio público.
  • La prestación de servicios o actividades de Derecho Público que beneficien al que pague la tasa, siempre que:
    • Estos servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria por el obligado tributario.
    • Estos servicios o actividades no se realicen por el sector privado.

Ahora vamos a observar cual es el hecho imponible que regula la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Se puede encontrar en su artículo 2:

Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a. La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b. La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

c. La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d. La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e. La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

f. La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g. La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Creo que con esta definición se considera el ejercicio de la potestad jurisdiccional, como un supuesto de prestación de servicios en régimen de Derecho Público que afecten o beneficien al obligado tributario (veáse el primer párrafo del Apartado II de la Exposición de Motivos de la  Ley 10/2012, de 20 de noviembre). Es decir, para el legislador, quien acude a la Justicia no es más que para que le presten un servicio de Derecho Público para su beneficio.

Para el legislador, esta visión estrictamente tributaria del ejercicio de la potestad jurisdiccional, es apoyada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 20/2012, de 16 de febrero de 2012 que, según el propio legislador, declaró conformes a la Constitución las tasas judiciales, pero, en mi opinión, se olvida el legislador en mencionar el ámbito al que hacía referencia la Sentencia anteriormente citada (que podemos en el último párrafo de la misma):

es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil.

En definitiva, que la visión del legislador en esta materia, en mi opinión, es clara: quien acuda a la Justicia lo hace para beneficiarse de la prestación de un servicio de Derecho Público y por ello hay que cobrarle. Veremos como encaja esta visión, con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, cuando se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad interpuestos.

Gontzal Gallo

Especialista en Derecho de las TIC

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

Miembro de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC)

http://www.gontzalgallo.com

Twitter: @gongaru

Linkedin: Gonzalo Gallo

Google+: +Gontzal Gallo

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