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¿La LOPD permite a los abogados tratar datos penales de sus clientes?

La LOPD, en su artículo 7.5 regula el tratamiento de datos de infracciones penales (y administrativas) de la siguiente manera:

“Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.”

Lo que viene a decir este artículo es que sólo las Administraciones Públicas podrán incluir en sus ficheros datos relacionados con infracciones penales (y administrativas), siempre y cuando lo prevea su normativa reguladora. Si esto es así, ¿puede existir otro supuesto en que se incluyan datos de infracciones penales en un fichero? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los ficheros de los abogados?

Uno de los primeros Informes Juridicos de la Agencia Española de Protección de Datos (el relacionado con la Difusión de datos de sentencias condenatorias por negligencia médica) afirmaba lo siguiente:

“el artículo 7.5 de la Ley establece una regla específica para  este tipo de datos, que impide, en todo caso, su tratamiento por parte de cualquier entidad de derecho privado, quedando limitado dicho tratamiento a las Administraciones Públicas y, exclusivamente, cuando así lo establezca una norma con rango suficiente.”

Parece que con lo dispuesto en la normativa de protección de datos y la interpretación que realiza la Agencia sobre el artículo 7.5 de la LOPD, los Abogados no podrían recoger en sus ficheros datos sobre infracciones penales de sus clientes. Obviamente, esta visión sería muy simplista y únicamente desde el punto de vista de la LOPD, que recordemos, únicamente es una Ley que, entre otras cuestiones, regula un derecho fundamental.

Y siguiendo con los derechos fundamentales, quiero referirme al reflejado en el artículo 24.2 de la Constitución que señala:

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. “

Vemos por tanto otro derecho fundamental, como es el de defensa y asistencia de letrado, que será realizada por los abogados cuyas funciones son, según la Ley Orgánica del Poder Judicial “la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico”.

Podríamos, por tanto, encontrarnos ante un conflicto (creo que de sencilla resolución) entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, teniendo, en mi opinión, más peso este último derecho y, por tanto, pudiéndose afirmar que para un correcto ejercicio del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, los abogados podrán tratar datos personales sobre infracciones penales de sus clientes, siempre y cuando sirva para cumplir con sus funciones  ante sus clientes de dirección y defensa en los procesos judiciales o su asesoramiento y consejo jurídico.

Por último, quería recordar lo que ya comentaba en otro post hace algunos mesesla protección de datos no es ilimitada, omnipresente y omnipotente. “Sólo” es un derecho fundamental más y hay que “ponerla en juego” con el resto de los derechos fundamentales.

Gontzal Gallo

Especialista en Derecho de las TIC

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

Miembro de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC)

gontzalgallo.com

Twitter: @gongaru

Linkedin: Gonzalo Gallo

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