Regulación en Euskadi del derecho a no presentar datos y documentos


Tras la reciente entrada en vigor en la Comunidad Autónoma de Euskadi, del nuevo Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, es nuestra intención comentar en el post de hoy, la regulación que en el mencionado Decreto se realiza sobre el derecho de los ciudadanos a no presentar datos y documentos que obren en poder de la Administración, cuando realicen trámites administrativos a través medios electrónicos.

En principio, parece un derecho destinado a aportar mayor eficacia y menos burocracia a la Administración en sus relaciones con la ciudadanía. Sin embargo, tal derecho pivota alrededor del principio de consentimiento añadiendo garantías al administrado pero tal y como veremos, quizá no tanta eficacia a la gestión de los procedimientos administrativos.

Como punto de partida, conviene traer a colación previamente la normativa a estatal. Así, el artículo 2 apartado b de la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, dispone lo siguiente:

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

a) […]

b) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

De la lectura del apartado mencionado se puede inferir que la intención del legislador es la de aportar mayor eficacia al trámite administrativo para las partes intervinientes, esto es, a la Administración y a la ciudadanía.

Entendemos entonces, que el derecho a no aportar documentos que obran en poder de la Administración supondría un ahorro en términos de tiempo y gestión a la hora de realizar trámites administrativos dado que, no haría falta aportar documentos que anteriormente ya se han aportado a las Administraciones Públicas. Sin embargo, la propia norma introduce el marco en el que debe desenvolverse el ejercicio del derecho en consonancia con la norma y la jurisprudencia en el ámbito de protección de datos, es decir, siempre y cuando el ciudadano haya prestado previamente el consentimiento.

Vemos pues, que el principio del consentimiento se configura, tal y como considera la doctrina de la Agencia Vasca de Protección de Datos, “la clave de bóveda de la construcción jurídica del derecho a la protección de datos de carácter personal”,  tal y como expuso en su Dictamen CN10-036, en el cual concluyó que la excepción al consentimiento para la cesión de los datos del padrón contemplada en el artículo 16.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local no puede utilizarse como  un instrumento del derecho a la no presentación de documentos. (Sobre este Dictamen ya se hizo referencia en el post El Padrón y el derecho a la no presentación de documentos).

Por lo tanto, es posible concluir que el derecho a no presentar documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, tiene su límite y su amparo jurídico en el consentimiento de los propios interesados.

En este punto, es preciso mencionar el artículo 6 del Decreto 21/2012 de aplicación en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi (vamos a resaltar sobre todo su apartado 3):

Artículo 6.– Derecho a no aportar datos y documentos.

1.– La Administración facilitará a las personas interesadas en los procedimientos administrativos el ejercicio del derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, reconocido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. El ejercicio del derecho podrá efectuarse por medios electrónicos.

2.– Las personas interesadas serán informadas expresamente de que el ejercicio del derecho implica su consentimiento, en los términos del artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, para que el órgano ante el que se ejercita el derecho pueda recabar los datos o documentos, respecto de los que se ejercita el derecho, de los órganos en los que se encuentren.

3.– El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto, sin que el ejercicio del derecho ante un órgano implique un consentimiento general para todos los procedimientos que aquél tramite en relación con la persona interesada.

Cabe destacar del artículo mencionado, la regulación exhaustiva por la que apuesta la Administración del Gobierno Vasco. En concreto, se prevé que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración siempre y cuando otorguen el consentimiento de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto. El legislador aúna el ejercicio del derecho con la prestación del consentimiento y además, evita dejar margen a la interpretación, indicando que no es válido un consentimiento general otorgado ante un órgano para todos los procedimientos.

En nuestra opinión, el legislador, ha optado por ser garantista para con el ciudadano, articulando el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas de modo específico por cada procedimiento administrativo, independientemente de que se haya otorgado ante un mismo órgano administrativo en un procedimiento administrativo anterior.

Sin embargo, también entendemos que añade más burocracia en términos de gestión ya que si la Administración debe recabar nuestro consentimiento de manera específica e individualizada para cada procedimiento que inicie, puede darse el caso de que ya lo haya hecho ante el mismo órgano Administrativo anteriormente. Por ejemplo, sería posible que ante el Departamento de Vivienda se inicie un procedimiento de solicitud de vivienda de protección oficial, aportando datos personales y los documentos correspondientes, y que sin embargo, tuviese que aportar nuevamente datos personales ante el mismo órgano (Departamento de Vivienda), si inicio cualquier otro procedimiento administrativo, pongamos por caso, una solicitud de rehabilitación de la vivienda donde resido.

Ahondando en esta reflexión, si observamos lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 11/2007, observamos que la cesión de datos entre Administraciones Públicas para un eficaz ejercicio del derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de la Administración se basa en la obtención del consentimiento del interesado. De tal manera que, en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y según el Decreto 21/2012, resultaría más farragoso, en nuestra opinión, puesto que resulta imprescindible contar con el consentimiento específico e individualizado para el procedimiento concreto sobre el cual versaría la comunicación de datos entre Administraciones Públicas.

Autores:

Gonzalo Álvarez Hazas

Asesor Jurídico TIC

Twitter: @gahazas

Linkedin: Gonzalo Álvarez Hazas

Gontzal Gallo

Especialista en Derecho de las TIC

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

http://www.gontzalgallo.com

Twitter: @gongaru

Linkedin: Gonzalo Gallo

Google+: +Gontzal Gallo

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2 Responses to “Regulación en Euskadi del derecho a no presentar datos y documentos”


  1. 1 larosamarchita 18/04/2012 en 18:21

    Desearía consultarle un caso real que me ha ocurrido con un ayuntamiento porque dudo si procede presentar contencioso administrativo por una cuestión de publicación en una web oficial de edictos relacionados con un proceso selectivo-


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