¿Por qué una Ley de Transparencia?


Con este post, voy a iniciar una serie de pequeñas entradas en mi blog, sobre la reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobiernoLo que pretendo es realizar un pequeño resumen de los aspectos más destacados y algunas reflexiones que me gustaría compartir con los lectores, sobre cuestiones que me han llamado la atención de esta norma legal. Antes de continuar, me gustaría recomendar el post de José Ramón Chaves  “Publicada la Ley de Transparencia: 15 decepciones”donde con su habitual lenguaje tan directo, comparte lo que más le ha decepcionado de la norma.

En este primer post, me centraré en la parte no dispositiva de la Ley: Su Exposición de Motivos. Con ello, se podrán ver las “inquitudes” que han llevado al legislador a promulgar esta Ley y comienza fuerte: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política”. Todo ello para que la ciudadanía pueda conocer en profundidad que es lo que hacen sus Administraciones Públicas y, en su caso, poder fiscalizarlas, con la finalidad de promover la “necesaria regeneración democrática”. Es por ello que se pretenden conseguir tres objetivos con la Ley 19/2013:

  • Incrementar y reforzar la transparencia.
  • Reconocer y garantizas el acceso a la información .
  • Crear las obligaciones de buen gobierno.

Se reconoce en la propia Exposición de motivos que ya existen algunas normas que reflejan la transparencia, es decir, que no es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico: Por ejemplo los contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos, pero se reconoce una cierta “inquietud social” en la que se solicita que la transparencia vaya a a más.

Nos adelanta, asimismo, que se desea dotar de más publicidad a las actividades públicas y para ello se pretende crear un “Portal de Transparencia”. Es decir, otra web institucional más, junto con el resto de webs institucionales, las sedes electrónicas para procedimientos administrativos, la presencia en redes sociales de algunas Administraciones,….En mi opinión, demasiado “batiburrillo” de webs.

Volviendo a aspectos más jurídicos, una de sus grandes objetivos es el desarrollo del artículo 105.b de la Constitución que señala que la ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya desarrollaba este artículo, pero el legislador lo ha entendido insuficiente y lo mismo ha creído con otro tipo de normas legales derivadas de diferentes Directivas europeas: Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente o  la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector público.

Por todo ello, para el legislador esta Ley “no parte de la nada ni colma un vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias y creando un marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos”.

Respecto al apartado de “Buen Gobierno” (particularmente me “choca” este título, puesto que entiendo, por definición, que un gobernante debería tener la intención de cumplir su función con la ciudadanía de manera correcta y no “presuponer” que va a hacer las cosas mal), su intención es que reforzar los principios eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad que todo “servidor público” debe cumplir. Es por ello que, como se verá en otros posts, se ha creado todo un régimen sancionador en esta materia.

Por último, también hace mención el legislador que para promover “la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública” es necesario contar con un órgano independiente como es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En definitiva otro órgano administrativo más.

Como conclusión, tenemos una nueva norma legal en nuestro ordenamiento jurídico para ayudar a los ciudadanos en el control que deben realizar de sus Administraciones Públicas y para imponer un “régimen” más severo a los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones y todo ello bajo el control de un nuevo órgano administrativo: Sólo el tiempo dirá si realmente la Ley servirá para algo o pasará sin pena ni gloria por este mundo…

Gontzal Gallo

Especialista en Derecho de las TIC

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya

Miembro de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC)

gontzalgallo.com

Twitter: @gongaru

Linkedin: Gonzalo Gallo

Google+: +Gontzal Gallo

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